Il South Centre e le proposte di riforma delle istituzioni finanziarie internazionali

Il South Centre, think-tank internazionale che esprime le posizioni politiche dei G77, ha di recente pubblicato un comunicato nel quale delinea una serie di misure da intraprendere per costruire una Bretton Woods II efficace, efficiente e rappresentativa.
La prima: inclusività. Il dibattito non può essere relegato a consessi ristretti come i G8 o g20 ma deve svolgersi nell'ambito delle Nazioni Unite, facendo tesoro del processo che si innescherà all'indomani della Conferenza di Doha su Finanza per lo Sviluppo del novembre prossimo.
La seconda: intervenire per regolamentare la finanza globale attraverso meccanismi di supervisione e regolamentazione
La terza: un rilancio del Fondo Monetario Internazionale che dovrà recuperare la sua mission originaria creando sulla base dei Diritti Speciali di Prelievo una valuta globale di riserva. L'FMI poi dovrà essere il centro del coordinamento delle politiche finanziarie globali essendo maggiormente rappresentativo rispetto al G7. L'FMI dovrà poi essere in grado di esborsare rapidamente fondi di emergenza senza condizionalità rigide per mitigare squilibri nella bilancia dei pagamenti con l'estero o rapidi deflussi di capitali.
La quarta: un pacchetto di politiche macroeconomiche globali finanziato da un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo
la quinta: una corte internazionale di arbitrato sul debito estero
La sesta: un rafforzamento del ruolo delle istituzioni finanziarie regionali, quali la Iniziativa di Chiang Mai o il Fondo di Riserva Latinoamericano, con il coordinamento del FMI.

Per il testo integrale www.southcentre.org

Ancora materiali sulla crisi finanziaria e sulle possibili soluzioni

Per una visione d'insieme della crisi finanziaria, le sue conseguenze e le possibili soluzioni vi consiglio di consultare il sito www.globalissues.org

Il Brettonwoodsproject inglese ha di recente postato in rete i materiali prodotti e le relazioni degli ospiti di un seminario organizzato da varie organizzazioni nongovernative inglesi sempre sul tema della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali. www.brettonwoodsproject.org



Buona lettura

Il Tribunale permanente dei popoli, e le multinazionali europee in America Latina

El Tribunal Permanente de los Pueblos, Enlazando Alternativas y la ruta hasta la centralidad de los derechos de los pueblos frente a los intereses de las empresas transnacionales

Presentación al Seminario sobre Transnacionales, Barcelona, 8 de Noviembre 2008
organizado por el Observatorio de Deuda y Globalizaciòn

Francesco Martone

Los innumerables procesos de resistencia al modelo neoliberal en América Latina, y en alguna medida en la Unión Europea de los pueblos y las comunidades locales han abierto un espacio de debate, articulación y propuesta que va mas allá de los casos específicos.

En primer lugar, han llevado al fortalecimiento de una red bi-regional de movimientos sociales europeos latinoamericanos, que se basa en un nuevo modelo de cooperación que va mas allá de la simple solidaridad. Se trata en verdad de perseguir un modelo horizontal, de intercambio de experiencias y de construcción de una plataforma política común frente a los acuerdos de libre comercio, a la penetración del capital transnacional de origen europeo, y a las políticas de la “Europa Global”.

Al mismo tiempo la convergencia de este proceso con aquello del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sus sesiones especificas y audiencias sobre las responsabilidades de las Empresas Transnacionales (ETN) europeas en América Latina, contribuye a una nueva fase del proceso de resistencia: de la denuncia a la elaboración de nuevos paradigmas jurídicos y legales para afirmar la centralidad de los derechos de los pueblos frente al modelo económico neoliberal.

Este informe trata de abordar los retos y las oportunidades adelantadas por el trabajo y las elaboraciones del Tribunal Permanente de los Pueblos en la construcción de nuevos marcos jurídicos y de derecho internacional, y al mismo tiempo analizar la pertinencia de este trabajo con los procesos institucionales y de los movimientos en el tema de responsabilidad corporativa y derechos humanos.


a. El Tribunal Permanente de los Pueblos: orígenes y atribuciones


El Tribunal Permanente de los Pueblos nace en el 1979, como consecuencia del pedido hecho en el curso de la tercera sesión del Tribunal Russell 2 sobre América Latina, para constituir un espacio donde los pueblos puedan tomar la palabra, encontrarse, y representar sus casos del violaciones de derechos de los pueblos.

A más de ser un Tribunal de opinión, emanación directa de la Fundación Internacional Lelio Basso, el TPP tiene un carácter permanente, y por eso ha podido acompañar por un largo espacio de tiempo las etapas fundamentales en el proceso de liberación de los pueblos.

No tiene una agenda, ni prioridades preconstruidas, pero deriva su programa de trabajo de los pedidos de los movimientos, organizaciones ciudadanas, organizaciones populares, que necesitan su intervención para poner en el centro del debate cuestiones que no encuentran espacio en las agendas de los gobiernos, o se encuentran con grave retrazo.

El Tribunal por lo tanto, tiene varias tareas: abrir un espacio de denuncia, brindar herramientas para la lucha de afirmación de los derechos, estimular los gobiernos y la comunidad internacional para que pongan al centro de sus acciones los derechos fundamentales, e identificar los retrasos, o los vacíos en la elaboración del derecho internacional, proponiendo instrumentos y elaboraciones nuevas o alternativas.

En los últimos años el Tribunal se ha ocupado de estudiar, profundizar y abordar el tema de la relación entre los derechos de los pueblos y la economía global, entendida como nueva forma de colonización. En este sentido esta área de trabajo tiene una continuidad con sus orígenes, que se encuentran en la Declaración de Argel sobre la autodeterminación de los Pueblos, proclamada hace 30 años.

Entre las sesiones y audiencias hechas en estos últimos anos, se pueden evidenciar aquellas que se ocupan de Colombia (TPP Capitulo Colombia), sobre las Filipinas, la participación a un Tribunal internacional sobre el Banco Mundial, la sesión sobre Unión FENOSA en Nicaragua, y mas recientemente, la audiencia de Guatemala sobre transnacionales en América Central.



b. El trabajo del Tribunal en el marco de la red Enlazando Alternativas


Los movimientos europeos y latinoamericanos que son parte de la red bi-regional Enlazando Alternativas , apelaron al Tribunal antes de la sesión EA2 organizada paralelamente a la Cumbre Euro-Latinoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno de Viena, Mayo 2006.

El objetivo del pedido al Tribunal era examinar una serie de casos de empresas transnacionales europeas en varios países de América Latina para identificar las bases y la existencia de motivaciones suficientes para convocar una sesión oficial del Tribunal. Como está señalado en la declaración de Viena, el papel del Tribunal es:

“ to investigate the increasingly dominant role of European TNCs in strategic areas, such as services, infrastructure, petroleum, water, finance and telecommunications” EA2 “particularly asked for an examination of the threats thereby posed to political sovereignty, development policy, economic autonomy, environmental sustainability and democratisation in Latin America.”

El Tribunal reveló casos difusos de violación de derechos fundamentales entre ellos: violación al derecho al acceso a los servicios públicos esenciales; violación al derecho a la tierra, violación al derecho a la soberanía y seguridad alimentaría, violación de los derechos laborales, violación de los derechos de los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales y acumulación de deuda ecológica, y violación de los derechos civiles y políticos .

Por todos estos factores, el Tribunal concluyó que:

“ la complejidad y la seriedad de las violaciones de derechos necesitan de una investigación más profunda con el objetivo de desarrollar nuevas herramientas legales internacionales, que puedan responsabilizar las ETNs”.

En Viena, se produzco entonces un proceso de articulación más amplia, de análisis, puesta en redes que juntaban comunidades en resistencia, abogados y activistas para desarrollar un marco de referencia sólido y para armar la sesión del Tribunal que se hizo en Lima en ocasión de la Cumbre de los Pueblos, paralelamente a la Cumbre empresarial Euro-Latinoamericana y aquélla de los Jefes de Estado y de Gobierno, en Mayo 2008.


c. La sentencia de Lima

En el conjunto de las sesiones de Viena y Lima, el Tribunal analizó 21 casos de empresas en 12 sectores , cuyo resultado fue la identificación de impresionantes efectos negativos, que son paradigmáticos de la conducta de las empresas transnacionales, y de la alineación de responsabilidad por parte de los Estados:

“Las actividades de las ETNs se pueden desarrollar en condiciones de total permisividad y/o impunidad por parte de las autoridades públicas responsables (en los países de origen de las ETN y/o en los países donde estas actúan”.

Vale la pena de reiterar que el trabajo del Tribunal tiene varios sentidos. Uno es seguramente abrir un espacio de denuncia pública, internacional de violaciones que afectan los derechos de los pueblos y de comunidades impactadas, el otro es identificar los límites en el derecho internacional e imaginar opciones adicionales o alternativas al cuadro normativo actual. Otro sentido, es mas político, y se refiere al tema más general de la relación entre derechos de los pueblos y economía global.

Objetivos generales del proceso del TPP que sigue paralelamente a las actividades y campañas de la red bi-regional Enlazando Alternativas, que han sido debatidas en ocasión de la ultima reunión de la red en el Forum Social Europeo de Malmoe, Suecia, en octubre 2008, son entonces:


“* Denunciar las innumeras violaciones a los derechos humanos de todas las generaciones por parte de las ETN europeas y a partir de la acumulación de evidencias de todos esos casos, sectores y países representados denunciar el carácter sistémico y estructural del régimen de poder de las corporaciones transnacionales;

* Denunciar todo un sistema de ‘legalidades’, espacios e intereses dominantes que son claramente injustos y amplían cada vez más el avance de las ETN (Tractados de Libre Comercio, Acuerdos Bilaterales de Inversiones, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Inversiones, CIADI);

* Avanzar hacia una jurisprudencia y normas vinculantes desde la perspectiva de los derechos de los individuos y los pueblos, y establecimiento de un objetivo a largo plazo, que el enjuiciamiento moral sea un paso previo a procesos judiciales ordinarios contra transnacionales por sus crímenes”.


En lo que se refiere al último aspecto, una propuesta de como reconstruir una práctica de responsabilidad y afirmación de los derechos fundamentales varía según del eje y del criterio de análisis del problema.

Hay los que piensan que el sector privado puede ser portador de derechos, a condición que no se introduzcan normas vinculantes para su conducta, pues esto podría representar una violación de las leyes del libre mercado.

Hay los que se imaginan una recuperación del poder estatal, del control público sobre la esfera del mercado, y otros más que imaginan formas híbridas.

El tema es muy pertinente hoy frente a la crisis financiera, y a como los neoliberales mismos están llamando con urgencia a un papel protagónico del Estado, para rescatar los bancos y los inversionistas especulativos. Así que la intervención del Estado en este caso no sirve para asegurar el bien común, pero lo confunde con el interés de sobrevivencia de los bancos, garantizando los derechos de los mismos actores que han causado la crisis, y socializando los gastos sobre las víctimas primarias. Se está actuando de alguna manera una transición del “corporate welfare” al “financial welfare”.

El primer tema es entonces tener bien claro cual es el punto de partida de nuestro análisis. O sea, estamos hablando de empresas? Si este fuera el caso lo que nos debería preocupar es identificar normas, estándares, etc. para que estas empresas actúen bien o no hagan daño. (“do no harm, do good”)

O se está hablando del Estado, así que el discurso seria lo de analizar el papel del Estado, la devolución de poderes soberanos al mercado y al sector privad? En este caso lo que nos preocuparía es de proponer soluciones puramente institucionales al problema.


O estamos metiendo al centro los derechos, y nuestro punto de partida y de llegada es la identificación de los vacíos en la afirmación de los derechos fundamentales, y propuestas para fortalecerlos. En una palabra, el sector privado y el Estado nos interesan solo en forma secundaria, como co-responsables o actores que juegan un papel en la afirmación de los derechos. Por último lo que nos importa no es tanto reformar la empresa, o fortalecer el Estado sino garantizar los derechos fundamentales de los pueblos.

En realidad el tema principal es lo de rearticular un nuevo espacio público donde se pueden desarrollar y fortalecer los derechos.

Por eso es útil hacer referencia al dictamen de Lima, cuando aborda el tema de la transformación del papel del Estado. El TPP denuncia la coincidencia del interés privado con el interés público, la connivencia y la complicidad de los estados y oligarquías nacionales, el abandono de la idea de un proyecto propio porque los Estados aceptan que los intereses empresariales coinciden con el interés general.

En este sentido utilizar como oportunidad el tema de la responsabilidad de las empresas sirve a dos niveles políticos.

Por primero a analizar las dinámicas de progresiva debilitación de la esfera publica nacional y internacional, la alineación de competencia normativa y jurídica de los estados, en términos activos, (a través de la adopción de políticas de liberalización, privatización, desregulación, “responsabilidad de acción”) en términos omisivos (impunidad, corrupción), o en términos represivos (criminalizacion de los movimientos sociales, represión sindical, adopción de leyes que cierran espacios de articulación democrática).

Un caso paradigmatico de estas dinamicas es Colombia. En el dictamen final de la sesion del TPP capitulo Colombia, “Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 – 2008”, hecho en Bogotà en Julio 2008, el TPP afirma que:

”Colombia parece presentarse, en este sentido, como un verdadero laboratorio político institucional donde los intereses de los actores económicos nacionales e internacionales son plenamente defendidos a través del abandono por el Estado de sus funciones y de su deber constitucional de defensa de la dignidad y de la vida de una gran parte de la población, a la cual se aplica, como si de un enemigo se tratara, la doctrina de la seguridad nacional, en su versión colombiana”.


En ultima instancia, el trabajo de campañas sobre ETNs sirve a identificar estas dinámicas, para entender el impacto del neoliberalismo sobre el papel del Estado, y entender cuales son las partes buenas que se pueden utilizar de lo que queda del Estado para rearticular una nueva esfera pública de justicia y responsabilidad.

Al mismo tiempo este ejercicio servirá a reclamar una recuperación del papel protagónico del Estado, a imaginar, construir nuevas formas de representación, responsabilización, y herramientas de trabajo, para la defensa y la promoción de los derechos fundamentales frente al sector privado y no sólo.

En este sentido, el desafío es mas importante por el futuro. En realidad se trata de imaginar formas nuevas, participativas, híbridas de la esfera pública, que incluya también un papel protagónico de los diferentes “right holders” (los que tienen derechos), en un proceso de construcción que no tiene modelos preconstituidos pero que se desarrolla paralelamente a nivel teórico y con las prácticas de lucha y resistencia. Y por eso las diferentes experiencias en América Latina, de resistencia, oposición a la privatización, de manejo comunitario, de autogestión, pueden brindar ejemplos interesantes que salen si da una elaboración teórica pero fortalecida y caracterizada por la practica de búsqueda de alternativas y de resistencia.

Esto puede definirse como el sentido mas “político” del trabajo del Tribunal y de su interacción con la Red Enlazando Alternativas.


d. El debate internacional sobre responsabilidad corporativa y el proceso del Tribunal


Adicionalmente a lo que se ha señalado anteriormente, hay que anotar cómo el problema de la relación entre sector privado, Estado y derechos fundamentales se explicita también a nivel de esfera transnacional.

Y eso es consecuencia de la estructura misma de las Empresas, por la globalización de la economía, y por los factores que contribuyen a la transformación del papel del Estado, así como por las políticas económicas y comerciales impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales y los organismos internacionales.

En este sentido la Sentencia del Tribunal identifica como corresponsales de la transformación del papel del Estado, las políticas de la UE, que utiliza las negociaciones bilaterales de los Acuerdos de Asociación, (AdAs) para avanzar la agenda de sus ETNs, (la plataforma política y comercial de Global Europe), y de los otros organismos como la OMC, las IFIs.

El trabajo del Tribunal asume entonces una importancia adicional en el debate presente sobre las responsabilidades de las empresas, siendo su elaboración relevante también en el debate que se desarrolló y que está siguiendo sobre las Normas sobre ETNs y derechos humanos.

La misma sentencia del TPP Capitulo Colombia se refiere a este nivel de trabajo, afirmando que:

“Las ETN actúan a nivel global y por lo tanto requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de Estado es indispensable, pero no suficiente. El derecho internacional de los derechos humanos, las Constituciones y las normas de tutela de las personas y comunidades deben prevalecer para evitar que las ETN violen los derechos de la humanidad entera”


Será entonces útil para proponer una llave de lectura de cómo se está abordando el tema a nivel oficial, hacer referencia al trabajo a nivel de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ETNs, en particular el Informe Ruggie, porque allí se encuentran elaboraciones que son pertinentes, aunque sea limitadas o criticables, al trabajo del Tribunal.

Principalmente, en este caso, el tema de nuestro interés es la relación entre responsabilidad de los Estados, y la de las empresas.

De alguna manera, Ruggie reconoce la necesidad de articular una redistribución de responsabilidades. Pero el problema es que en su informe final Ruggie rechaza cualquier posibilidad por las Naciones Unidas de adoptar Normas vinculantes por las ETNs.

El cuadro de referencia propuesto por Ruggie se articula en tres ejes, la
obligación del estado de proteger contra los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas, la responsabilidad corporativa de respectar los derechos humanos, el acceso efectivo a medidas de remedio.

Entonces Ruggie hace una clara y explícita distinción entre las obligaciones de los estados frente a los derechos humanos y la responsabilidad limitada de las empresas. De este modo se aleja fuertemente de las Normas que aunque reconocen la responsabilidad de los Estados, formulaban una definición mas amplia y vinculante de la responsabilidad corporativa:

“Within their respective sphere of activity and influence, transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights (…).”

Ruggie introduce el concepto de “due diligence” o sea los pasos que las compañías deben seguir para ser concientes, prevenir y enfrentar impactos negativos a los derechos humanos. Tal proceso de “due diligence” incluye medidas como, una “política corporativa sobre derechos humanos”, evaluaciones sistemáticas del impacto de las actividades sobre derechos humanos , la integración de los derechos humanos en todas las actividades de la empresa, y un proceso de auditaría y monitoreo.

La distinción que Ruggie hace explícitamente es entre la “obligación del Estado de proteger” y la “responsabilidad corporativa de respectar” restringiendo así el plazo de las obligaciones de las empresas, limitando además el nivel de sus compromisos. El informe Ruggie en última instancia no va mas allá de reiterar el estatus quo del debate.

Como consecuencia de los limites representados en la propuesta de las Naciones Unidas, el trabajo del Tribunal tiene un impacto relevante en el debate internacional sobre responsabilidad de las empresas.

En la sentencia de Lima, el TPP reconoce que la responsabilidad de promover, respectar, garantizar, y hacer respectar los derechos humanos corresponde principalmente a los Estados. Eso pero no significa que las empresas no sean obligadas a cumplir con normas internacionales . En realidad, al lado de la obligación de las instituciones publicas, hay que subrayar la urgencia de dictar normas internacionalmente vinculantes para que “estas empresas apliquen en cualquier lugar los estándares de respecto de los derechos humanos, independientemente del país en el que operen”.

El TPP reconoce la

“flagrante responsabilidad de agentes o sectores privados como las ETNs que con su actuación (…) producen relevantes violaciones de derechos (…). Estos agentes deben responder por sus actos”. “Las ETNs DEBEN respeto a los regímenes legales de los Estados donde operan y todos los tratados internacionales ratificados por los países”.

Además el TPP identifica algunos mecanismos de impunidad como la utilización por parte de las empresas de códigos de conducta voluntarios

“que hacen que aquellas se sientan irresponsables frente al derecho positivo de los Estados y al Derecho internacional”.

Esta formulación representa un rechazo del principio de la “due diligence” formulado por Ruggie.



e. Desvelar la retórica


Toda la elaboración alternativa que se esta produciendo, como consecuencia del trabajo del Tribunal sobre el tema de la responsabilidad de empresa es fundamental para desmantelar la nueva retórica que considera a la empresa como actor de desarrollo.

Este discurso se está afirmando en particular en el marco del debate sobre la Financia para el Desarrollo, que culminará en la Cumbre de Doha, en noviembre próximo, cuando las Naciones Unidas harán un balance de los compromisos adquiridos hace 5 años en la Conferencia Financing for Development de Monterrey.

Leyendo el borrador de la declaración final de Doha se nota un fuerte énfasis en el papel del sector privado, de las inversiones privadas en la lucha contra la pobreza. La incapacidad de los Estados de respetar los compromisos de destinar el 0.7% de su PIB a la cooperación internacional abre así el espacio a nuevas fórmulas de compromiso de la empresa, a través del apoyo a las inversiones y/o a los “public private partnerships” (Partenariados Pùblico-Privados).

El tema está también al centro del debate en la próxima cumbre del G8, donde se está tratando de rearticular el concepto mismo de cooperación y de lucha a la pobreza. Bajo el pretexto de la falta de recursos financieros públicos frescos, se están manipulando el concepto y la práctica de cooperación, para incluir el sector privado y las empresas como actores primarios, al mismo nivel de los estados. De este modo se actuará la transformación de la empresa de actor de crecimiento a actor de cooperación. Por eso hoy, desmantelar la falsa retórica que se articula sobre empresas y responsabilidad de las misma sirve también a obstaculizar el proceso de privatización definitiva de la cooperación internacional.

En el caso específico de las políticas de la Unión Europea y su agenda negociadora comercial en los Acuerdos de Asociación con los países de América Latina, el trabajo del Tribunal sirve a desvelar los gastos sociales y ambientales actuales y posibles de una “corporatización” de las relaciones comerciales. Pues de atrás de la retórica del buen gobierno, de la afirmación del estado de derecho, y del desarrollo sostenible, la verdadera agenda europea esta informada por la estrategia de Global Europe. En sustancia se trataría de maximizar la competitividad y la penetración del sector privado europeo en los mercados extra-europeos, y al mismo tiempo aprovechar de los acuerdos bilaterales para ganar acceso a sectores estratégicos como los de los servicios públicos, de los recursos naturales, y de la infraestructura y de las inversiones. Todos temas que se quedaron afuera de la negociación en el marco de la OMC como resultado de la oposición de los países del Sur y de los movimientos sociales.


f. Retos y tareas futuras.

El trabajo del TPP sobre el tema de los derechos de los pueblos y la economía global seguirá con la intención de organizar una sesión conclusiva sobre las responsabilidades políticas de la Unión Europea en avanzar la agenda corporativa, con el objetivo de avanzar propuesta de instrumentos para juzgar y responsabilizar las instituciones comunitarias.

Al mismo tiempo, el Tribunal en su sesión de Lima articuló una serie di recomendaciones en su sentencia que pueden servir como hoja de ruta por las campañas europeas y latinoamericanas frente a la Europa Global, a las ETNs, y a los acuerdos de Asociación.

A nivel nacional, como ya pasó con el caso Thyssen Krupp en Brasil, la sentencia del Tribunal puede ser utilizada como instrumento de convocatoria y presión negociadora con la empresa. Al mismo tiempo el TPP identifica algunas medidas sobre las cuales las redes internacionales pueden concentrar su trabajo de presión. La primera es la de - proponer legislaciones de responsabilidad extraterritorial por las ETNs utilizando como ejemplo el ATCA (Alien Tort Claims Act) norteamericano, en los países de origen de las ETNs. Al mismo tiempo se propone de fortalecer las herramientas jurídicas y legales para proteger los derechos de los pueblos a nivel de Estados donde las ETNs actúan a través de campaña sobre el Derecho a la Consulta Previa, y de aplicación del principio de precaución.

A nivel internacional el próximo paso será pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que presente un informe sobre el concepto de deuda ilegitima y ecológica, histórica , y sobre la calificación de las violaciones de los derechos por parte de gobiernos, ETNs, y instituciones internacionales. Adicionalmente los grupos se movilizarán para la construcción de un Tribunal Formal Ecológico y Económico, como el Tribunal de la Haya, para juzgar a las ETN's por los delitos sociales y ambientales que cometan.

Como caso especifico de la privatización de la justicia y del derecho internacional para garantizar los intereses de los inversionistas extranjeros, se seguirá la campana sobre el CIADI (Centro Internacional de Arbitraje sobre Disputas relativas a las inversiones) la agencia del banco Mundial que actúa en protección de los intereses de las empresas, en particular concentrándose sobre el fallo CIADI-Telecom-Gobierno Boliviano. Al mismo tiempo se propone de convocar un grupo especialista birregional de acompañamiento a grupos en resistencia que quieren desarrollar denuncias, y de crear enlaces con grupos de juristas con el objetivo de explorar la posibilidad de llevar a juicio a las transnacionales.

El TPP por su parte ya tiene otras sesiones en programa, unas sobre las empresas del sector agroquímico, convocadas por la red Pesticides Action Network y muchas otras organizaciones campesinas y sociales. Mas recientemente, hubo interés por parte de organizaciones que trabajan sobre el tema de la deuda ilegitima y ecológica para convocar una sesión especifica sobre el tema de la deuda.

Conclusión

Para concluir esta breve elaboración sobre el TPP, la relación con la red Enlazando Alternativas, y sobre el tema de los derechos fundamentales y Empresas Transnacionales, hay que reiterar que el reto principal que nos ocupará es rearticular el concepto y la práctica de un nuevo espacio público. Un tema de gran actualidad y urgencia, considerando también como la respuesta institucional a la crisis financiera sigue perpetuando el mismo modelo, a través de la utilización de los recursos públicos del Estado para garantizar los intereses corporativos del sector financiero privado.

En este sentido, hablar hoy de responsabilidad de las empresas transnacionales no puede limitarse simplemente a reiterar principios y criterios de respeto de los derechos humanos por parte de éstas, o de reconstruir los fundamentos del Estado.

Como afirma el filosofo español Daniel Innerarity en su obra “El nuevo espacio publico”:

”una tal reflexión puede también ser ocasión de repensar la manera en la cual readaptar nuestros ideales normativos sobre la democracia y la vida en común a las condiciones actuales de gobierno y funcionamiento de la sociedad. (…) La tradicional distinción entre esfera publica y privada se ha precarizado, talvez es inútil, pero no esta todavía bien claro con que se pueda sustituirla. Posiblemente no nos encontramos frente a la fin de la esfera privada, ni de la desaparición de la publica, pero al interior de una enorme transformación de la relación entre lo que tenemos que considerar como esfera publica y privada”.

La cuestión es reconocer como un nuevo espacio publico de derecho se reconstruye dando centralidad a las resistencias y alternativas propuestas por los pueblos.


per maggiori informazioni
sul TPP e le sentenze di Vienna e Lima: www.internazionaleleliobasso.org
Su Enlazando Alternativas: www.enlazandoalternativas.org
Sul dibattito sul rapporto Ruggie www.businessandhumanrights.org, Global Policy Forum
Sugli accordi bilaterali UE-America Latina www.bilaterals.org
Su Global Europe www.globaleuropewatch.org
video sulla sessione del Tribunale di Lima

A politics of crisis: Low-energy cosmopolitanism

Questo articolo è uscito sul sito OpenDemocracy, ed a mio parere coglie alcuni aspetti molto importanti rispetto alle sfide che la crisi finanziaria pone in termini di recupero di uno spazio politico pubblico. Ed altrettanto importante, mi pare, l'enfasi sui rischi derivanti da una opzione "localista" per gestire gli effetti della crisi, non solo economica ma anche del modello di sviluppo dipendente dai combustibili fossili. Anzi, gli autori giustamente sottolieano l'importanza di rielaborare un approccio cosmopolita alle soluzioni da "sinistra" alla crisi ed alle alternative al modello dominante.

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The global financial turmoil is opening new fissures in the world's political crust. All the more need to make a cool assessment of the prospects for left and right, say Andrew Dobson and David Hayes.

By David Hayes and Andrew Dobson for openDemocracy.net

There are signs that the global financial crisis is giving some solace to forces of the political left. No wonder, for the left has been delivered a plausible story that also goes with the grain of much common-sense wisdom.

It runs like this. The collapse of major banks and investment houses reveals the speculative house-of-cards on which neo-liberal capitalist economics has been built; the actions of governments around the world in bailing out and directly investing in these institutions show that an active state is essential to financial stability. The condition of the political right in the two major states most imbued with the market dogma of the age (the United States and Britain) suggests that an epochal shift may be underway - in which the balance between "private" and "public" is moving back in favor of collective, social and more inclusive (even egalitarian) solutions.

Indeed, the argument continues, the financial-sector's trading can now be seen to have imposed huge social costs, which states (and thus citizens) are now forced to carry. This confirms the folly of building a central part of the economy on a foundation of personal wealth-accumulation, recklessness and unaccountability. The only way forward is to restore to the center of politics the long-derided idea of the "public" - and with it, associated notions of the public sector, public ownership and the public interest. This can only be good for the left.

There is truth in the diagnosis - but the conclusion could be misplaced, and is almost certainly too hasty. There are three reasons to question whether the left's pheonix will rise out of the ashes of this crisis.

Whose revival?

The first is that it is not yet clear if measures such as the nationalization of banks and building societies are going to work. The omens are at best mixed; even after the model designed by Britain's prime minister Gordon Brown was welcomed across the international political and media spectrum, stock-markets remain febrile, unemployment is rising (with much more to come), the strain of "negative equity" and repossession / foreclosure threaten house-owners, and the accumulated debts of the long consumer boom are still to be paid. These endemic problems are likely to make people more fearful and less hopeful - not a good foundation for a progressive politics.

The second reason is that it is hard for most citizens (who are also consumers, voters, taxpayers, welfare recipients) to see where the convincing leftist options are - apart from the worthy aim of bringing the state and the public realm out of cold storage. This aim is important, but it is a preliminary work of restoration rather than of radical change; moreover, it is shared much more widely, and thus cannot be regarded as unique to the left. The political left, qua left, has very little meaningful or distinctive to say about this crisis.

The third reason for skepticism about a revival of the left is that constant references to the precedent of the 1929 crash and the 1930s depression that followed are a reminder that such crises often create fertile grounds for a surge of the right. The first two elections in the global north since the financial crisis took hold saw victories of the center-right in Canada and Lithuania (admittedly both leading parties are far from the extremes, and neither won an overall majority - though the advance of celebrity-populist parties in Lithuania may be an augur).

More worrying and immediate is what is happening at the far end of the political spectrum in several European countries. Stoke-on-Trent, the English city where one of us lives, is a case in point: here, the hard-right British National Party has already made advances in local-council elections (in the May 2008 elections, it won 24 percent of the vote in the wards it contested, and nine out of sixty seats). It is likely that much of the "white working-class" in the area (and its equivalents elsewhere) will rally behind it rather than any leftist alternative as economic recession collides with local discontents.

The limits of localism

Such caution about anticipating shoots of progressive recovery is often met by arguments that emphasize the energy and vitality of grassroots campaigns. It is true that local movements can often sustain an impressive standard of commitment even during a downturn. But there is also a problem in their political underpinning - in that activity aimed at coping with increasing levels of insecurity is ambivalent in its character and intentions.

The "transition towns" movement in England, which encourages local experiments in environmentally sustainable living and development, is a prominent example. This movement is to all appearances right where it should be: making climate change and "peak oil" the linked starting-point for its analysis of possible political futures. The central focus of the "transition" talk is about resilience in the face of increasing vulnerability, and its implications - including reskilling to cope with insecure supply-chains of goods and provisions as oil becomes scarcer, transport becomes more expensive, and the life made possible by oil recedes into the past.

This approach could in principle be empowering for local communities as they take their futures into their hands and do things that governments are unwilling or unable to do. The transition economy can invent new currencies, experiment with new methods of producing and consuming, and develop new ways of engaging and mobilizing people in a community.

But where will the politics of resilience lead? It should be recalled that the progressive, inclusive politics of the past two centuries has been accompanied by a fossil-fueled energy binge. As society powers down, what will become of the outward-looking social and political advances that have accompanied the age of energy excess? The transition-towns movement - and similar initiatives that are motivated by ideals of self-sufficiency, eco-community, and simplicity - seek to manage the shift from oil dependency to post-oil security. It is less clear that they offer anything to say about the equally difficult and equally necessary challenge of combining localism with cosmopolitanism.

When their security comes under threat and when a familiar order begins to break down, people generally look to their own before they look to others. A number of recent post-apocalypse novels has painted a bleak picture of life after environmental catastrophe has wreaked its havoc (Sarah Hall's The Carhullan Army, Maggie Gee's The Ice People, and Cormac McCarthy's The Road among them). A politics of fear shadows this fiction, the signal (which imaginative artists are so often among the first to perceive) of a wider quality in the collective emotional temperature.

In an overheating world where already hard-pressed citizens are faced with new and prolonged economic difficulties, the avoidance of harm to self and family and "tribe" can come to supersede the preventing of harm to others. The scrabble for scraps can leave little room for cosmopolitan sentiment.

An echo of such warnings is evident in the comment of Will Hutton - one of the most acute analysts of the financial crisis - who speaks of the dangers of "fragmentation," where in times of hardship the temptation to blame (and the encouragement to blame) people or groups regarded as "other" increases. Hutton goes on to argue that "stories about why we should fragment are even more poisonous than the fragmentation itself".

The limitation of a politics of resilience is that it can so easily become defensive, reactive, insular (a characterization that fits much of what remains of the political left as a whole). The whole point of the transition movement is to manage a move beyond - rather than merely respond to circumstances that have got out of control. This managed approach to change could in principle permit a soft, cosmopolitan landing in a world that is (in ways unimaginably different from the 1930s) globalized, connected, and plural. But to do so will require creating structures that can mediate between local initiatives, and a larger politics that can articulate these links. In the absence of such structures and politics, the sound of the wagons circling could drown out cosmopolitan sentiment.

The next horizon

That is why, if the management of change can't simply involve a return to the centralist-corporatist politics of the 1970s, it can't rely on a thoroughgoing localism either. As people seek security in troubled times there is a danger that the state will become overburdened, and citizen-based localism will struggle to fill the gaps. The chasm between expectation and reality could then be filled by a politics of disillusion - which is usually (in effect if not always in intention) a politics of the right which seeks to exploit the prevailing social sentiment for divisive and xenophobic ends.

The problem is that the space where people could organise their collective security in some key liberal-capitalist democracies - namely, the democratic public realm - has since the late 1970s been systematically eroded. This is especially true of the levels of government where social security (in its most general sense) is achieved (or not) on a daily basis: the local and regional levels. This democratic public realm is where the relations between citizen and state can and should be reformed. Every opportunity should be taken to revitalise it, and to fortify the democratic institutions that are the strongest bulwark against the chauvinism of which Will Hutton warns.

2008 is the year of a triple shock: the global food crisis (which made the realities of food-insecurity palpable), the global oil-price rise (which put localized transition on the agenda as never before) and the global financial hurricane (which gave the state as agent a new lease of political life). The long-term consequences can at present be only dimly discerned. At this stage, it can be said that together they do provide opportunities for the political left (in its broadest sense) which were barely imaginable at the start of the year. But it is also true that dislocating financial and energy crises offer promising ground for the political right.

The world is opening up to new possibilities and dangers. The future may belong to ideas that emerge genuinely out of this crisis, rather than to those (as it were) foisted onto it. Low-energy cosmopolitanism? Bring it on - but it will prove a tough nut to crack.